En Andalucía y Extremadura existen más de 600.000 trabajadores que viven de la agricultura, lo que representa el 65 % del total del sector agrario del Estado. Más del 90 % de ellos son temporeros.  De esa mano de obra de las campañas agrícolas solamente un 15 % son fijos discontinuos; están ligados a las empresas durante seis meses al año, aunque sin contrato y en condiciones de extrema precariedad; el jornalero es despedido cada día al terminar su “peoná”.

 

            Esto responde a las necesidades de la producción capitalista en el campo para beneficiar los intereses de las explotaciones de los grandes propietarios y terratenientes con un desprecio claro a las condiciones de vida de los jornaleros y a la dignidad de la persona.  Desgraciadamente es imposible acabar con ese estado de cosas, con esa precariedad e incertidumbre laboral, mientras que la tierra permanezca bajo la propiedad y dominio de unos cuantos terratenientes y la producción se realice exclusivamente para beneficiar al capital y su mercado y no para satisfacer las necesidades humanas de la población.

           

Durante siglos en Andalucía, la característica de las explotaciones agrícolas sigue siendo la brutal concentración de la gran propiedad latifundista escasamente modernizada. El 54 % de la propiedad de las tierras de cultivo pertenecen al 3 % de los terratenientes. Son 13 millones y medio de hectáreas, una enorme extensión, la mayoría desaprovechada o insuficientemente cultivada,  a la que hay que añadirles una parte importante de los terrenos forestales que todavía permanecen en manos nobiliarias. 

 

            La Duquesa de Alba, la mayor poseedora del mundo en títulos aristocráticos y nobiliarios, veinte veces Grande de España, con un patrimonio multimillonario en palacios, empresas, negocios y cortijos, propietaria de 34.000 hectáreas de tierra, por las que recibe anualmente una fortuna en subvenciones de 1.885.000 euros (unos 314 millones de ptas.) procedente de los fondos agrícolas comunitarios, será nombrada “Hija Predilecta de Andalucía” el día 28 de Febrero. Muchos socialistas, muchos trabajadores, sobre todo la mayoría de los jornaleros que se sienten agraviados, no podemos estar de  acuerdo con esa decisión política.

 

No pueden ser premiados los máximos responsables de la situación de injusticia crónica que padece el pues lo andaluz, como puede comprobarse por los dados que ofrecemos seguidamente: una de cada cinco personas (el 19,9% del total) se encuentra en situación de pobreza en el conjunto español, lo que significa que obtienen menos del 60% de la media del ingreso disponible nacional. Sin embargo, en Andalucía, ese porcentaje se eleva al 31,1º%, lo que representa un 50 % más de la media del Estado, ya de por sí, en la cola de Europa, es decir, que casi uno de cada tres andaluces es pobre. La gravedad y extensión de esta situación se expresa en dos datos bien significativos: el 60,8% de los andaluces no tiene capacidad para tener ni siquiera una semana de vacaciones al año (frente al 43,9% del conjunto nacional) y el 54,5% no la tiene para afrontar gastos imprevistos.
       Ante situaciones como esas, de desigualdades tan flagrantes y un reparto tan injusto de la riqueza y la propiedad de la tierra, lo que puede causar extrañeza es que la expropiación de esa aristocracia caduca y parásita no sea un clamor popular, aunque el Sindicato de Obreros del Campo se esfuerce una vez y otra en movilizar, con el intento de tomar las tierras improductivas para que se entreguen a los jornaleros parados.

 

Resulta cuando menos grotesto e  hipócrita el ver a elementos de los partidos de derechas como el PP y el PA, junto a algunos “burocratillas derechizados”, cantar el himno de Andalucía, sobre todo cuando llegan al estribillo y dicen eso de “¡¡Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad, sea por Andalucía Libre, España y la Humanidad¡¡”. Luego, esos mismos condenan las acciones de los jornaleros cuando en su desesperación y falta de trabajo, plantean una lucha para la toma de tierras aunque sean simbólicas, cuando se concentran delante de algunas de esas enormes fincas baldías, exigiendo su expropiación para poderlas hacer productivas.

 

Los defensores de la propiedad privada nos quieren hacer creer que esa situación de injusticia crónica es un “derecho natural”, o un “derecho divino” y nos presentan al capitalismo como el único sistema posible. Por el contrario, el socialismo ha defendido históricamente la necesidad de la nacionalización de los latifundios y los monopolios de comercialización de los productos agrícolas, para ponerlos autogestionariamente bajo el control de los jornaleros y la clase trabajadora en su conjunto. De esa forma sería posible la puesta en producción de un sector agroalimentario planificado científicamente,   moderno y autogestionado sobre las bases de una economía socialista que sigue siendo la aspiración legítima que corresponde a una necesidad social, a una necesidad históricamente reivindicada mediante la lucha  jornalera, una necesidad material y concreta para resolver la cuestión agraria de cientos de miles de familias campesinas. Esa sería la mejor forma de llevar a cabo la verdadera reforma agraria siempre dejada a medias, para que se acabe para siempre con la esclavitud del trabajo jornalero a la vez que podría garantizar a todos los ciudadanos precios asequibles y justos de los productos del campo. Vemos cómo existen cada día más protestas en cuanto a que los productos agrícolas se desprecian en origen para luego aparecer en los mercados con un 300, 500 y hasta un 1.300 % más caros del precio pagado al agricultor.

 

Mientras que no se consiga esa reforma agraria, que solamente puede ser el producto de una lucha firme de la clase trabajadora contra el poder capitalista, dirigida por una vanguardia socialista firme, los trabajadores del campo deben tener los mismos derechos que los de la industria y otros sectores. Algunos burgueses y terratenientes critican incluso la miseria de los subsidios que reciben los jornaleros. Esos señores capitalistas no quieren entender que el acceso a un subsidio, a un sistema complementario de ayuda, es un derecho de los jornaleros. Es un derecho que tiene todo individuo, a una renta social básica de supervivencia. No es ningún regalo, ninguna limosna, ni mucho menos un privilegio. Es una conquista ganada a pulso contra el sistema capitalista injusto, para paliar la precariedad laboral insoportable a la que los jornaleros son sometidos por los poderes dominantes.

 

Lo decente será asegurar contratos estables mientras persista el paro forzoso. Tendría que ser abonado por el Estado un seguro de paro indefinido, o facilitar trabajo social para la administración local, autonómica o estatal. Es una promesa del PSOE que tiene que llevar a cabo el actual gobierno, porque se dijo en la campaña que si se llegaba al gobierno, se eliminaría inmediatamente los recortes y las restricciones que el PP había introducido en la agricultura con los restos del Decretazo que fue rechazado por la fuerza de las masas en la huelga general del 20-J y del que todavía permanecen retazos.

 

Esta modalidad de subsidio la impuso el decretazo y a ella están obligados a acogerse todos los trabajadores que soliciten el subsidio por primera vez o que lleven más de tres años sin cobrarlos. Ese sistema ya ha privado de subsidio a decenas de miles de trabajadores, especialmente a jóvenes, inmigrantes y mayores de 45 años. De mantenerse, llevaría progresivamente a la desaparición de las ayudas, como demuestra el hecho de que los perceptores no pueden cobrar esta prestación más de seis veces. A partir de ese momento, pierden el derecho a la protección.

 

La recuperación de la situación anterior al “Decretazo del PP”, sería un paso positivo para la mayoría de los jornaleros. Para ello es urgente la supresión de los aspectos negativos de la Renta Agraria. Es absolutamente prioritario y urgente, como vienen reclamando los sindicatos, aumentar la cuantía de la prestación, para dignificar el mundo rural y extinguir las prácticas caciquiles y los “derechos de pernadas encubiertos” ( y a veces reales) que perviven en un sistema de subsidiariedad y dependencia, donde el jornalero y la jornalera se tienen que someter a las decisiones de algunos patronos abusivos.

 

Por todo ello, al Gobierno de la Junta de Andalucía, en esta día tan señalado para el pueblo andaluz, le pedimos con carácter de urgencia:

a)      Incremento del subsidio hasta el 100 % del Salario Mínimo Interprofesional. A partir de este mínimo, elevación gradual de la prestación según  las “peonadas” (días trabajados), hasta un importe máximo. Así se estimularía al trabajador para exigirle a la patronal que se les reconozcan todas sus peonadas. En el sistema actual, la patronal no declara a la Seguridad Social muchas de ellas, y el trabajador tampoco las reivindica porque solo necesita 35 para acceder al subsidio. Esto permite al empresario utilizar esta bolsa para establecer una red clientelar, fundamentalmente entre los trabajadores con dificultades para alcanzar las 35 jornadas y dependientes de la caridad del patrón o, incluso, de la compraventa de peonadas.

b)      Compatibilidad del cobro del subsidio con el trabajo efectivo para los mayores de 52 años que son beneficiarios de una prestación durante todo el año. El subsidio es insuficiente y obliga a estos trabajadores a mantener la actividad sin estar declarados, lo que favorece el caciquismo y el tráfico de peonadas.

c)      No a la discriminación de los jóvenes. A los menores de 25 años sin cargas familiares se les exige acreditar al menos 53 peonadas para poder acceder a la totalidad del subsidio.

 

Además, los trabajadores eventuales del campo tienen una protección social claramente inferior y discriminatoria respecto a los trabajadores por cuenta ajena. La pensión media apenas supera los 400 euros, y esto a pesar de que su cotización a través de una cuota mensual (el famoso sello) es mayor en comparación con los trabajadores del régimen general. No se reconoce el derecho a la jubilación anticipada. Las indemnizaciones por enfermedad o baja laboral son miserables (en torno a los 15 euros diarios) y para acceder a ellas aún se necesita la firma del patrón.

 

El desempleo contributivo es inalcanzable para la mayoría de los trabajadores eventuales,  o injusto para los pocos que puedan acceder a él: se cobran tres meses en lugar de cuatro, la cuantía de la prestación es inferior y no hay derecho a disfrutar de la ayuda familiar.

 

Esta situación se debe en parte a que, a diferencia del régimen general, la patronal agraria no cotiza por estas contingencias en la cantidad suficiente. La propia legislación permite que los empresarios agrícolas tengan numerosas bonificaciones y exenciones a la Seguridad Social, con lo que, en la práctica, el trabajador es quien financia sus escasos derechos sociales.

 

No puede continuar este estado de injusticia. Los trabajadores del campo deben tener los mismos derechos que el resto de los asalariados, adaptados a las particularidades del empleo agrícola y manteniendo el sistema compensatorio del subsidio en Andalucía y Extremadura.

 

                                  Andalucía, a 28 de Febrero de 2006.

                                  Coordinadora Provincial

                              IZQUIERDA SOCIALISTA DE MALAGA

                              PSOE DE ANDALUCIA.

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