LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA HAY QUE COMBATIRLA FIRMEMENTE EN LINEAS DE CLASE.
Las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación se centran en una frenética actividad en las denuncias de las corrupciones y la especulación inmobiliaria y el protagonismo que estos constructores que han corrompido, puesto de rodilla a muchos de los actuales políticos, convirtiéndoles en sus mercenarios del capital, nos tienen que hacer reflexionar, porque, como veníamos diciendo esto no era un hecho aislado.
Con los gobiernos del PP estos empresarios se habían encontrado con las mejores condiciones para poder seguir enriqueciéndose especulando con el suelo, recalificando a su conveniencia terrenos, comprando voluntades, corrompiendo a mansalva en esa práctica obscena que se dio en llamar el “gilismo” que durante años y años se toleró mirando para otro lado sin querer atacar de frente para perseguir y erradicar tanta corrupción.
Toda esa especulación produce un enorme acaparamiento de grandes cantidades de terreno de las potentes empresas. La famosa Ley del suelo de 1998, que sacó el PP y gracias a la cual se liberalizó el suelo, produjo una orgía de especulación y enormes beneficios. Se demostró falsa esa filosofía de cuanto más suelo en el mercado, más oferta y por tanto menos precio se convirtió en un saqueo colosal a los bolsillos de los ciudadanos, consiguiendo hacer más fácil que los grandes empresarios, en combinación con la banca, puedan acaparar todo el suelo disponible para hacer esos negocios corruptos que están estallando actualmente.
Los socialistas, los militantes de la izquierda en bloque, la clase trabajadora en su conjunto, no nos podemos quedar sólo contemplando esta bochornosa situación, tenemos que ir más allá. Tenemos que preguntarnos, cómo ha sido posible que gente de esa calaña hayan llegado a puestos de tan alta responsabilidad política, a Alcaldes, a Concejales, a cargos importantes.
Algunos compañeros dirigentes del PSOE han tratado al principio de limitar la cuestión a casos aislados de corrupción, pero, como nosotros veníamos insistiendo, esta cuestión es mucho más amplia y tiene razones de fondo. Tiene sus raíces en algunos comportamientos insanos dentro de la política de lucha contra la corrupción que se ha venido practicando en casi todos los partidos año tras año y que de una u otra forma han sido permisivos con esta situación, al entrar los partidos de izquierdas y los sindicatos de clase mayoritarios, en los modelos de financiación empleados por la burguesía a través de las concejalías de Urbanismo al calor del boom inmobiliario.
Al aceptar la lógica del capitalismo como el mejor sistema, se ha abandonado la ética socialista así como la lucha por la transformación socialista de la sociedad, echando por la borda la ideología socialista.
Al abandonar la lucha por la transformación en líneas socialistas, al limitarse solamente a la política de la obtención de cargos públicos, sin un programa claramente diferenciado del que plantea la derecha en el terreno económico y social, al no querer luchar decididamente por la municipalización de todo el suelo urbano para evitar la especulación y los pelotazos urbanísticos, han convertido la situación, tanto el PSOE como IU en una jugosa oportunidad para que se infiltren todo tipo de trepas, carreristas, oportunistas y corruptos, mientras que se les hace la vida imposible a muchos trabajadores y jóvenes que quieren luchar limpia y honradamente por una sociedad mejor, por una sociedad auténticamente socialista.
El espectáculo que estamos observando debe poner “rojo” tanto a la gente de la izquierda como de la derecha; sobre todo, a muchos jóvenes que llevan tiempo intentando, sin conseguirlo, ejercer el derecho a disponer de una vivienda digna, mientras que ven cómo esa cuadrilla de corruptos les roban el futuro.
Simplemente con darse un paseo por Internet, como he hecho este fin de semana, efectuando una búsqueda en Google news y al introducir las palabras fatídicas “corrupción urbanística” quedamos totalmente apabullados de la situación a la que hemos llegado, pues aparece una escandalosa cifra de 316.000 reseñas, de las que entresacamos algunas, porque la cita se hace interminable.
- En Marbella.- El epicentro del terremoto urbanístico nacional se localiza en Marbella. La “operación Malaya” ha desvelado un complejo entramado de corrupción que había echado fuertes raíces en ese Ayuntamiento iniciada por el difunto Jesús Gil.
- En Málaga.- El Alcalde de Málaga, del PP, es acusado por el PSOE de presunto pelotazo urbanístico en terrenos de su familia.
- En Galicia.- El alcalde de Tui, del P.P. Antonio Feliciano Fernández Rocha, se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados. Acusado de un presunto caso de prevaricación urbanística.
- En Madrid, ( Villanueva de la Cañada): Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre del P.P. ganó 2,1 millones € en la compraventa de unos terrenos cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto. Este elemento era el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que dimitió.
- En Madrid (Tres Cantos) Un concejal del PP llamado Antonio Reino Cortés, se fue del Ayuntamiento para no votar la Aprobación del Plan Urbano. Antes, hizo este comentario a uno de sus colaboradores: “Voy a ir al Delegado a decirle oye, aquí me he enterado yo, o sea, de que hay 30.000 millones, ¿quién se los va a llevar? A ver, dime, quién se los va a llevar. Oyes que no que sí. Le diré yo estoy aquí como un gilipollas levantando la mano para que tú te lleves 30 kilos, de eso nada”. Y pidió un 11 % del negocio para repartírselo con sus cómplices.
- En Salamanca.- El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber calificado unos terrenos protegidos a favor de la familia del Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco del PP.
- Murcia: El fiscal Manuel López Bernal, “investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf”. El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, ganó en dos años 75 millones € con el cambio de uso.
- En la Comunidad de Madrid.- El Director General de Urbanismo pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada. Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familiares de la Presidenta Aguirre.
- Caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista. Otro asunto grave el de Ciempozuelos. Dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).
- En Alicante.- El alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), está imputado por la supuesta adjudicación irregular de tres aparcamientos a un constructor afín.
- En Orihuela.- Sospechosas adjudicaciones de planes urbanísticos a determinados empresarios, con recalificación incluida, para construir miles de casas y varios campos de golf han llevado a Anticorrupción a sentar al primer edil, del PP, por un delito contra la ordenación del territorio. A ello, se suman las relaciones entre los constructores y el regidor, que durante meses se ha paseado con coches de lujo y residido en las casas de algunos de los supuestamente beneficiados. En las zonas rurales del municipio hay más de 8.000 casas ilegales y sólo durante este ejercicio se han levantado 600 actas de expedientes sancionadores por construcciones irregulares.
- Caso de Carral.- Ayuntamiento (PSOE). Gobierno valenciano le ha retirado las competencias urbanísticas, al más puro estilo Marbella. Habían tolerado la construcción de 1.250 casas en zona no urbanizable de especial protección.
- Caso Dolores.- Alcalde (PP). Se ha visto salpicado por algunas informaciones que revelan que una empresa promotora inscribió unas viviendas a nombre de su madre.
- Caso Castilla.- Alcalde del PP. Hay más de 1.000 viviendas no autorizadas por la Consejería de Territorio.
- Valencia.- Uno de los casos paradigmáticos es Onteniente (PSOE), con 5.000 chalés ilegales;
- La Albufera.- Una sentencia ha recriminado la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera.-
- Riba Roja del Turia.- Alcalde del PP. Se enfrasca en el polémico PAI de Porxinos (que incluye la nueva ciudad deportiva del Valencia CF) denunciado ante los tribunales.
- En Sevilla (Camas). Investigación de un presunto intento de soborno en el que habría participado el alcalde (IU), denunciado por una ex concejala del Ayuntamiento sevillano. El empresario Eusebio Gaviño le habría ofrecido 619.000 euros y una casa en Zahara de los Atunes a cambio de que votara a favor de una serie de recalificaciones. El propio Gaviño también ha sido acusado de organizar en la sombra una moción de censura en otro pueblo cercano, Bormujos, donde su primo es el alcalde.
- En Cádiz.- El Gobierno autonómico ha quitado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Independientes Portuenses) tras escándalos como el de Las Beatillas, un complejo cuyo derribo parcial ya ha sido ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
- En Grazalema (PSOE), el ex arquitecto municipal acaba de entrar en la cárcel. Varios constructores le acusaron de cobrar comisiones. En su currículo figura el haber permitido levantar un edificio de siete plantas que obligó a desviar el río Guadalete.
- En Barbate (PP), pese a las sentencias dictadas, aún sigue en pie la Casa Club Social de la Dehesa de Monteenmedio, construida sobre suelo no urbanizable y con un campo de golf sin papeles.
- En Córdoba.- Continuas acusaciones del PSOE contra la alcaldesa de la capital y portavoz federal de IU, Rosa Aguilar. Dicen que ha dado un trato de favor a la empresa del constructor Rafael Gómez, Sandokan. Este elemento está imputado en la operación Malaya.
- En Huelva.- el PP acusa a los socialistas de haberse apoyado en una tránsfuga para gobernar Gibraleón por “intereses urbanísticos inconfesables”.
- En Armilla (Granada).- El concejal de Urbanismo Gabriel Cañabate presentó su dimisión tras conocerse la espectacular evolución de su patrimonio en sólo 6 años.
- En Seseña (Toledo).- Denuncia contra “Paco el Pocero” por construir 13.500 viviendas careciendo de infraestructuras y con ilegalidades varias. El Alcalde Manuel Fuentes de I.U. se jugó la vida destapando una presunta red de corrupción urbanística destinada a obtener un pelotazo de 800 millones de euros en la que participarían dicho constructor, que es amigo de todo el mundo y el dueño de una de las fortunas más grandes de España.
- En Hellín (Albacete).- Presunto “reparto de dinero con maletines” para “comprar las voluntades del pueblo” se destapó. Se trata de 680 chalés de lujo con 680 piscinas en uno de los lugares de España que tienen más problemas con el agua. Para colmo, el proyecto está en una Zona Especial de Protección de Aves y en un Lugar de Interés Comunitario.
- En Cuenca.- Denuncia contra 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; De ellas 520 edificaciones totalmente sin papeles.
- En La Rioja.- El Tribunal Superior de Justicia ordena la demolición parcial de un bloque de 43 viviendas en el municipio de Lardero, cerca de Logroño. Había sido construido y promovido por una sociedad de la que el propio alcalde, del PP, es accionista.
- En Ávila.- (Las Navas del Marqués).- Se pretendía construir, con el beneplácito de la Junta, 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en un paraje declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), en el que habitan la cigüeña negra y el águila imperial. El promotor inició la tala de unos 5.000 pinos.
- En Villanueva de Gómez.- Conflicto producido por una urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf próxima a una zona de pinar. Consta de seis sectores, de los cuales se encuentra aprobado el tercero. Se ha autorizado el proyecto a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el agua no está asegurada, ya que los vecinos se abastecen mediante cisternas desde hace dos años. Los ecologistas han denunciado la tala de 10.000 árboles y que en el corredor anidan el milano real, el milano negro y una pareja de águila imperial. Tanto el Consistorio como la Junta, ambos del PP, defienden la legalidad del proyecto.
- En Baleares.- La presidenta de Unió Mallorquina y principal aliada del presidente Jaume Matas,(PP) María Antonia Munar, deberá responder ante los tribunales por vender a mitad de precio (30 millones de euros) una finca pública del Consell insular de Mallorca, Can Domenge, en la que habrá 600 viviendas.
- En Andratx.- Alcalde del PP. Acumula ya cuatro causas judiciales abiertas. Una por autorizar la construcción de 16 bloques de viviendas en zona supuestamente protegida y otras dos por la presunta construcción irregular de sendas mansiones, promovidas por su familia, en una de las zonas más exclusivas de la isla, Cala Moragues.
- En Santa Margarita.- El alcalde presuntamente confesó en una conversación grabada que algunos ediles de su gobierno habían cobrado 6.000 euros como comisión ilegal para recalificar unos terrenos. La grabación no tiene validez como prueba, pero la Fiscalía ha comenzado a tomar declaración a varios miembros del equipo de gobierno municipal para esclarecer el caso.
- En Menoría.- La Fiscalía se querella contra dos concejales del Ayuntamiento de Ciutadella, del PP y del Partido Menorquín, por estafa, tráfico de influencias, negociación prohibida y abuso de la función pública en una polémica permuta de terrenos.
- En Murcia.- Se concentra el mayor crecimiento de superficie artificial, con aumentos superiores al 50%. El paraíso Polaris World; el litoral salvaje donde el agua escasea y las piscinas no paran de crecer, donde la huerta mengua y cada vez cuesta más mirar al horizonte. Murcia tiene conexiones con la Costa del Sol por el hilo de oro de la operación Malaya.
- En Los Alcázares.- El alcalde socialista dimitió tras conocerse las inversiones del marbellí Juan Antonio Roca, que a menudo citaba en sus papeles al arquitecto del municipio murciano. Roca, nacido en Cartagena y se sospecha que blanqueó parte del dinero obtenido en Marbella en operaciones urbanísticas en la zona del Mar Menor. El Ayuntamiento murciano del PP, ha permitido construir 22.000 viviendas donde estaban prevista 4.000, sobre suelo previsto para una carretera.
En Salou (Tarragona.- La Fiscalía y el propio Ayuntamiento, de CiU, están investigando la concesión para construir y gestionar un geriátrico y pisos tutelados y la compraventa de un solar por parte del hijo del alcalde, en cuya operación ganó medio millón de euros.
- En Tarragona (CiU).- Caso Terres Cavades. Un juez admitió a trámite en abril de 2005 la querella presentada por una veintena de ex propietarios de 5.000 viviendas contra el ex concejal de Urbanismo, su hermano y un constructor por delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa. La Generalitat paralizó el plan urbanístico y el caso se encuentra pendiente de juicio.
- En Cervera (Lérida).- La Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar si el secretario del Ayuntamiento (CiU), Joan Roca, ha incurrido en un delito urbanístico. Varios de sus familiares son administradores de las cinco principales inmobiliarias que trabajan en el pueblo y se han recalificado sus terrenos de rústicos a industriales, multiplicando varias veces su valor.
- En Badajoz.- Caso Golf Guadiana. Lleva un año dando coletazos en Extremadura después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz denunciara a la Fiscalía presuntas irregularidades urbanísticas y solicitara la dimisión del alcalde del P.P. y de la concejala de Urbanismo. Al parecer, se construyeron 70 viviendas en el campo de golf en lugar del apartahotel para el que se había otorgado licencia en el Plan Especial.
- En Vigo.- Se investiga el intento de recalificación de 12 fincas adquiridas en Nigrán por el presidente del Celta. Todo quedó en un mero intento, porque los vecinos del municipio pontevedrés impidieron a pedradas en junio la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Tuvieron que intervenir los antidisturbios. El alcalde, del PP, es ex director general del Celta y cuñado de un yerno del presidente del club. (Etc. Etc.)
La corrupción que se ha venido dando en las instituciones y empresas burguesas es inevitable por la propia naturaleza de este sistema de los capitales y del beneficio, pero es totalmente inexplicable dentro de las organizaciones de la clase trabajadora.
Tanto los dirigentes de nuestro partido, el PSOE, como los de I.U. y demás partidos que dicen representar a los trabajadores, deberían lanzar un compromiso simple y claro: Todos los representantes públicos no deben de cobrar más que lo que perciba un trabajador cualificado de la rama a la que pertenezca y su gestión va a ser sometida al control de la base del partido y de los electores, en asamblea abierta debiendo rendir cuentas cada tres meses.
La integridad ética de las organizaciones de izquierdas no se preserva ni se defiende, como decía Pablo Iglesias, con leyes y jueces del sistema que queremos cambiar, sino, con la participación activa y democrática interna de nuestros afiliados, tanto en los partidos como en los sindicatos, situación que debe estar ligada, inexcusablemente a la defensa de un programa verdaderamente socialista.
Las actividades legales solamente, no pueden ser el único instrumento para enfrentarse a esta catástrofe de la corrupción capitalista. Es preciso movilizar a los ciudadanos, a la clase trabajadora y a la juventud para que salga a la calle a protestar y llenar de contenido social, de lucha, y reivindicaciones la cantidad enorme de denuncias que se están poniendo sobre la mesa.
Esta movilización y esa campaña tienen que estar vinculada con un programa municipal socialista concreto donde se defiendan aspectos, entre otros, como:
· El gobierno tiene que poner en marcha un verdadero plan estatal de la vivienda, en coordinación con las CCAA y los Ayuntamientos, para construir 500.000 viviendas públicas por año, durante los próximos cuatro años.
· El Gobierno tiene que garantizar que los alquileres de las viviendas para los trabajadores no serán superiores al 10 % del salario.
· Estas medidas no se pueden financiar si el gobierno no cuenta con los medios económicos necesarios por lo que es imprescindible proceder a la nacionalización de las grandes empresas constructoras que están haciendo de un derecho básico como el Derecho a una vivienda digna para todos, un negocio multimillonario repleto de especulación y corrupción.
· El Plan de Construcción debe estar controlado democráticamente por los ciudadanos, a través de las Asociaciones de Vecinos, los sindicatos, los futuros propietarios y las corporaciones municipales.
· Es un verdadero despilfarro inaceptable que más de tres millones de viviendas se encuentren en la actualidad vacías, por lo que el Gobierno tiene que contemplar en este plan la obligación para los propietarios, de colocarlas en régimen de Alquiler, en la empresa Estatal recientemente creada sin que los alquileres sobrepasen del 10 % del los ingresos salariales.
· Para combatir la especulación, se contemplará una reducción del 50 % del impuesto IBI a la primera vivienda y un incremento drástico de la segunda y posteriores viviendas, al objeto de impedir que los propietarios se nieguen a su alquiler. En caso de resistencia a la Ley, el estado debe convertir esas empresas en públicas para gestionarlas por la Empresa Estatal de Alquiler.
· Es urgente una Ley que contemple la municipalización de todo el suelo urbano, o urbanizable, sobre todo, el acumulado por las grandes empresas inmobiliarias y constructoras, para cortar la especulación de los terrenos.
· Estas medias, sin duda podrían suponer un enfrentamiento abierto con los grupos de poder, sobre todo con esas mafias inmobiliarias que es preciso combatir firmemente ya que una de sus principales fuentes de beneficios les sería arrebatada para aplicar el Derecho a la vivienda de acuerdo con la Constitución, por lo que solamente con una lucha democrática y consecuente, con el apoyo de los ciudadanos, podremos hacerla realidad.
Un verdadero programa de viviendas, en la línea trazada anteriormente, necesita recursos destinados al mismo, porque debe estar orientado a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población que carece de hogar y no al beneficio privado de unas cuantas empresas inmobiliarias.
En cuanto a la oferta del pacto que el PSOE ha ofrecido al PP, y que éste ha rechazado de nuevo, está claro que la política de ofrecerle pactos tras pacto a la burguesía, como nosotros venimos avisando, es totalmente incorrecta. No puede haber pactos posibles con los que apoyen a los que se enriquecen a costa del sudor y esfuerzo de la clase trabajadora.
Con un programa de esta índole, la presión social contra esta enorme corrupción sería muy fuerte, las próximas elecciones serían ganadas por la izquierda, si se concreta una táctica de unidad de la izquierda en los municipios a partir de las elecciones del próximo mes de mayo.
Si el PSOE e IU no pasan a la ofensiva claramente para defender un programa similar al propuesto, corremos el riesto de perder esas próximas elecciones, porque la abstención hará mucha mella, toda vez que la clase trabajadora está demasiado cansada de esta situación de podredumbre, donde unos pocos se lo llevan todo y los salarios cada vez son relativamente más raquíticos.
Los trabajadores y la juventud, pasarán a la acción si se les explica un programa claro, un compromiso firme, que realmente vaya a significar un cambio en las condiciones de vida y trabajo, por lo que así de esa forma, la gente se vería afectada si va a recuperarse del robo que ha representado para los municipios, que es lo mismo que para los bolsillos de los contribuyentes, esa política de corrupción y despilfarro que no estamos dispuestos a seguir tolerando.
Está claro que existe un potencial importante para que el ambiente de lucha necesario que es positivo para la izquierda en el terreno electoral se produzca, con la condición de que las direcciones de los partidos y sindicatos de los trabajadores den un giro a la izquierda y se sitúen a la altura de las circunstancias, con el objetivo de ganarnos claramente la confianza de los trabajadores y la juventud para que con la lucha democrática, consigamos abrirnos el camino para la aplicación de un programa y unos métodos de funcionamiento participativo, democrático y de movilización unitaria orientados a cambiar las podridas estructuras de este sistema capitalista, de sus injusticias, de sus corrupciones y sus degeneraciones, que nos abra el camino para la práctica del socialismo, con democracia plena y completa libertad.
Somos conscientes que para conseguir esto, necesitamos una profunda transformación tanto de la táctica como de la estrategia empleadas hasta ahora. Desde nuestra modesta participación en el seno de la izquierda del PSOE venimos trabajando y apostando por ese objetivo desde hace mucho tiempo.
El fortalecimiento de una forma decisiva de nuestra corriente será un paso de gigante en la tarea de convertir a nuestras organizaciones de la izquierda, en instrumentos válidos de lucha para avanzar al socialismo, con el objetivo de poner la economía bajo el control democrático de la sociedad en su conjunto y la producción al servicio de la humanidad, como única forma de acabar con la corrupción.
Ello requiere un nuevo modelo de sociedad socialista, con planificación y control democrático por la ciudadanía. Por ello seguimos luchando y por ello te pedimos que te unas a la lucha. Organízate con nosotros en Izquierda Socialista-PSOE para defender este programa y por la Unidad de la Izquierda contra la corrupción capitalista.
Pepe Martín.
Portavoz en Málaga de Izquierda Socialista-PSOE-A
Is-psoe.malaga@terra.es
http://ispsoemalaga.org
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