Continúa la desvergüenza en la actuación del PP y de la Administración valenciana. No contentándose la derecha con burlarse de las víctimas y del resto de trabajadores con la farsa de investigación sobre los hechos realizada en Les Corts Valencianes, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reprime a un trabajador de la empresa por sus declaraciones ante la comisión parlamentaria.

 
D.J. Trigo, maquinista de la línea 1 del metro de Valencia y miembro de la Comisión de Seguridad en la Circulación por el Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana (SF-IV), ha sido objeto de la apertura de un expediente disciplinario por las críticas efectuadas, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes, al director adjunto de Explotación de FGV, Vicente Contreras, ante los diputados autónomicos, defendiendo la responsabilidad de éste en el accidente de metro ocurrido en Valencia el pasado 3 de julio y en el que fallecieron 43 personas.
El SF-IV ha considerado la actuación de FGV como una “declaración de guerra” y manifestado su intención de defender al trabajador por todos los medios a su alcance. Critica a la empresa porque “no interesa que llegue a los usuarios ninguna otra versión que la oficial, repetida por los directivos de esta compañía y los responsables políticos” y cree que la decisión de la empresa se debe a que desea castigar al comité de empresa por personarse ante la comisión, y que “es otro paso más para oscurecer las causas que motivaron dicho accidente”.  Ante actitudes represivas de este tipo, la reacción de los sindicatos se hace necesaria, y si el expediente prospera, se debe llamar al resto de trabajadores a realizar acciones para hacer valer su fuerza ante la empresa.
Este ataque contra la libertad de expresión de los trabajadores no es sino una muestra más de lo que entienden el PP y sus amigos como “comportamiento democrático”; la patronal y la derecha, que  mientras se llenan la boca al hablar de “lucha contra el terrorismo”, lo practican de forma salvaje haciendo callar a los trabajadores: con el miedo al despido que acarrean los contratos basura, las deslocalozaciones que afectan a miles de familias, y los accidentes ante los que, como el de Valencia, responden con neglicencia, oscurantismo y represión.

Impunidad

Esta actitud es posible gracias a la impunidad que les otorgan las instituciones, controladas por la derecha. Así, la comisión parlamentaria fue un títere con el que los señores diputados del PP jugaron a engañar a los obreros, cerrando la investigación alabando la diligencia de la Administración ante una tragedia “imprevisible e inevitable”, provocada por un “exceso de velocidad”. Una comisión que negó a la oposición (PSOE-PSPV y IU-EU) cualquier documento que ensombreciera la gestión de la Generalitat; que simplemente ignoró la acusación de IU-EU de que las deficiencias en la línea 1 se debían, entre otras causas, a que el señor Eduardo Zaplana, cuando se encontraba al frente del Gobierno Valenciano, desvió fondos que debían ser destinados al metro de Valencia para otras cuestiones, y que miró hacia otro lado cuando los sindicatos denunciaron que la existencia de una baliza en la curva donde ocurrió la catástrofe podría haberla evitado (ver El Militante, núm 197).
Igualmente, la moción de censura contra el president Francisco Camps que la oposición socialista había planteado no salió adelante al imponer el PP su mayoría absoluta en Les Corts. Tan seguro estaba el president de que iba a salir indemne que sólo se dignó a comparecer en la Cámara cuando el dirigente del PSPV, Joan Ignasi Pla, ya llevaba un buen rato exponiendo los motivos de la moción. Aunque los socialistas deberían haber visto la inutilidad de limitar la oposición a una lucha parlamentaria y haber organizado y llamado a los trabajadores a luchar por la verdad y sus derechos.
La doble vara con que se mide a unos y a otros se muestra claramente en las consecuencias que tienen las declaraciones según quién las efectúe: mientras el Il·lustríssim Director General de Transports, Vicente Dómine, tuvo el descaro de declarar en su comparecencia que recomendaría la línea 1 a sus amigos, el sindicalista D.J. Trigo va a ser sancionado por la empresa por pedir responsabilidades a sus superiores.
 
¡Ya está bien!
 
Ante estos abusos, impunidad y manipulación tan descarados, los trabajadores no podemos permanecer de brazos cruzados. Son nuestras vidas las que corren peligro cuando usamos un transporte público sin las mínimas garantías de seguridad, mientras se despilfarran recursos de todos en la visita del Papa, la Copa América y proyectos faraónicos que sólo sirven, por mucha demagogia que esgriman, para enriquecer a los más ricos, mientras nosotros no podemos ni comprar un piso en condiciones mínimas. Si la derecha no quiere dar cuenta de sus actos, nosotros debemos obligarla a hacerlo. Con movilizaciones y huelgas que demostraran a los dirigentes de las organizaciones de izquierda que en nosotros está la fuerza, y no en los pactos con la patronal y sus cómplices.
                           VICENT SALAS.