Recientemente, uno de los principales periódicos españoles de tirada nacional se refería a la multitud de casos de delitos urbanísticos de los que estamos teniendo ocasión de saber como un preocupante «nuevo brote» de corrupción masiva «de la democracia». El «primer brote» habría sido, según el articulista, el de los fondos reservados y el GAL, nacido en el seno del Estado central y que finalmente hizo caer el gobierno de Felipe González. Ahora asistiríamos, en cambio, a una corrupción centrada en los ayuntamientos y protagonizada por constructores, promotores inmobiliarios y alcaldes y concejales sin escrúpulos.

 
Aparte de la singularidad de denominar «brote» a la corrupción urbanística, como si se tratase de una epidemia de sarampión, el periódico incurría por lo menos en tres errores. El primero era el de considerar que la podredumbre que encarnaban los fondos reservados y el terrorismo de Estado ya ha desaparecido, cuando el engranaje del Estado, con todos sus resortes de corrupción y represión, continúa en lo fundamental intacto. El segundo es el de pensar que la corrupción inmobiliaria sea algo «nuevo», desde cualquier perspectiva que se la tome. Nuestro país viene siendo sometido a un monumental saqueo por parte de la banca, constructores, especuladores y mafiosos de toda laya desde hace cerca de treinta años, y eso sólo si el espacio temporal que abordamos se limita al del principio de la transición hasta nuestros días. Hoy, en todo caso, el escándalo de Marbella lo ha hecho saltar a la vista hasta el punto de no poder ser eludido por los principales medios de comunicación. Pero el capitalismo español venía siendo un capitalismo eminentemente parasitario desde hace mucho, muchísimo más.
En cuarto y último lugar, resulta equivocado, y quizá interesadamente equivocado, ubicar el origen de la corrupción en las corporaciones locales en exclusiva. El criminal y gigantesco expolio de riqueza pública que se produce hasta en el más pequeño de los municipios de nuestra geografía sería inconcebible sin la colaboración de las diferentes administraciones -tanto de las comunidades autónomas como del Estado central-, de las direcciones de los grandes partidos políticos y, naturalmente, sin el estímulo de los pingues beneficios privados ofrecidos por los grupos empresariales que en realidad capitanean el robo. De hecho, los políticos y funcionarios locales que se ven implicados en casos de corrupción no son más que un instrumento necesario del saqueo. Y, en consecuencia, ningún endurecimiento de la legislación sobre incompatibilidades de cargos públicos (anunciado como la panacea en estos meses, sucesivamente, por el PSOE e IU) por sí mismo serviría absolutamente de nada. El problema no es la existencia de políticos venales dispuestos a venderse por una comisión más o menos lucrativa, sino la trama de inmensos intereses económicos que hay detrás del urbanismo y la construcción en nuestro país. Mientras esta trama de intereses se sostenga –y no hay ningún partido político con representación institucional, ninguno, que se haya propuesto seriamente acabar con ella-, mientras ello ocurra, no faltarán políticos dispuestos a venderse y dinero para poder comprarlos. Es decir que, como en tantas ocasiones, no nos hallamos ante un vicio de la moralidad de unos pocos, sino ante la perversión de fondo del sistema socioeconómico que emponzoña, del cimiento al remate, al conjunto del Estado y de la sociedad en la que vivimos.
Lo que sí es cierto es que nunca como ahora había llenado tanto espacio en los foros públicos de debate este asunto. Después de que el caso de Marbella se convirtiera, tras el impacto inicial, en pasto de la prensa llamada del corazón (o del bajo vientre, según se mire), fueron saliendo a la luz, día tras día, noticias de otros municipios en los que se acometían masivas recalificaciones con multimillonarios beneficios privados, cobro de comisiones, mastodónticas urbanizaciones ilegales, etc. Los nombres han acabado haciéndose familiares para todos: Seseña, Ciempozuelos, Camas, Orihuela, la costa alicantina y valenciana en general, más una larga lista que engorda cada mañana. Significativamente, ello ha coincidido en el tiempo con las movilizaciones en Madrid y en otras ciudades españolas reivindicativas del derecho a una vivienda digna. Y los dirigentes de las mayores formaciones políticas, grandes grupos mediáticos, comentaristas y contertulios de diferente filiación –patronal- se han apresurado a opinar al respecto.
Hemos podido leer diagnósticos del mal y recetas para todos los gustos. Pero a la inmensa mayoría de ellas les unen dos rasgos característicos. En primer lugar, se intenta disociar la corrupción urbanística del problema de la carestía de la vivienda, como si fuesen dos cosas diferentes, lo cual es una estrategia vieja del liberalismo, la de fragmentar la realidad para imposibilitar la comprensión del conjunto. En segundo lugar, se elude obstinadamente entrar en el fondo del asunto, esto es, la trama de intereses capitalistas en juego.
Muchos de los conocidos como «especialistas» (una tribu siempre dispuesta a servir bien a quien les paga) han mencionado la insuficiencia fiscal de los ayuntamientos y la deficiente financiación de los partidos políticos como causas esenciales de la corrupción. La falta de un sistema impositivo propio para el sostenimiento de los gastos de las corporaciones locales, así como de medios regulares y suficientes de financiación de las organizaciones políticas, se dice, despiertan la tentación en algunos políticos descarriados de suplir tal carencia con procedimientos fraudulentos de obtención de fondos. Es verdad que los ayuntamientos adolecen de un sistema fiscal insuficiente y puramente residual, gestionado además por políticos mediocres que nada quieren saber de la corresponsabilidad fiscal. También lo es que se hace urgente modificar los procedimientos de financiación de los partidos políticos en nuestro país. Pero ninguna de ambas cosas es más que una patética excusa alegada como causa de la corrupción, si se tiene en cuenta que casi siempre el dinero obtenido por los «pelotazos» urbanísticos no se destina a sanear las cuentas de los ayuntamientos ni a gastos sociales o de interés general sino a absurdas y megalomaníacas operaciones de finalidad estrictamente electoral, cuando no a engordar los bolsillos de sus destinatarios sin más.
En cuanto a los partidos políticos, lo más usual es que cada cual airee los casos de corrupción del adversario, al tiempo que guarda un prudente silencio sobre los propios. Y, últimamente, los dirigentes del Partido Popular, que cuenta en sus filas con un copioso ejército de corruptos ya procesados, han alcanzado el colmo de la desvergüenza denunciando que la proliferación de casos conocidos de especulación no es más que una campaña propagandística del grupo Prisa. De manera insólita e incomprensible, Izquierda Unida de Madrid ha parecido darle la razón al PP alertando de que una excesiva atención a la corrupción inmobiliaria en los debates públicos podría «desprestigiar la acción política-institucional de las distintas fuerzas políticas y cargos públicos» (informe de la Presidencia Regional de 16/10/2006). Y, cómo no, respondiendo al nuevo talante en boga gracias a Rodríguez Zapatero, no han faltado las sugerencias de llegar a un «pacto de Estado» contra la corrupción. Difícilmente pueden confiar los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en que un pacto urdido entre las direcciones políticas que se benefician del saqueo conduzcan a otra cosa que a una especie de ley de punto final disfrazada de una u otra manera. O, dicho de forma más gráfica, el zorro no puede cuidar las gallinas.
Casi nadie quiere afrontar de cara el problema, porque supondría remover grandes intereses y atacar a la oligarquía financiera y empresarial española. Bastaría con retener algunos hechos para comprenderlo. Como que la banca española acumula propiedad de suelo con unas dimensiones equivalentes a quince veces las islas Baleares. Como que existe una colusión completa entre bancos, promotoras inmobiliarias, constructoras y administraciones públicas en el reparto del botín urbanístico. Como que casi el cien por cien de los ayuntamientos españoles se deshacen de suelo público en ventas fraudulentas y acuerdan con empresarios privados (los funestos «convenios urbanísticos») la ordenación del territorio que en teoría tendría que responder al interés general y ser fruto de la voluntad colectiva de la ciudadanía. Como que, según ha explicado en una reciente entrevista el profesor Manuel Villoria (El País, 27/10/2006), el hecho de que en España las recalificaciones de suelo generen multimillonarias plusvalías para los propietarios privados y no un beneficio social y público es único incluso entre los países capitalistas de nuestro entorno.
Y lo anterior también desvela la relación indisoluble existente entre la corrupción urbanística y el derecho a la vivienda. La relación se hace evidente cuando se considera que nuestro país acumula cerca de la mitad del volumen de construcción de toda la Unión Europea y al mismo tiempo una de las mayores proporciones de personas sin acceso a una vivienda digna. Millones de viviendas vacías y millones de personas sin vivienda, ésa es nuestra realidad.
El derecho a la vivienda sólo se puede hacer efectivo por medio de la creación de un parque de vivienda pública en alquiler, independiente y separado del mercado, por un precio limitado, como por otro lado se ha hecho hasta en países tan capitalistas como la vecina Francia. Y para que ello sea posible es necesario el suelo público. Es preciso que los ayuntamientos constituyan Patrimonio Municipal de Suelo, que el beneficio obtenido de las operaciones urbanísticas de las corporaciones engrose íntegramente ese patrimonio y que no se destine a otra cosa que a vivienda social pública. A ello obligan tanto el artículo 47 de la Constitución española como los artículos 276 y 280.1 del RDL 1/1992, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, artículos que, por cierto, podrían quedar en papel mojado si sale adelante la propuesta de reforma que el gobierno del PSOE ha aprobado en Consejo de Ministros. Pero ya sabemos que el capitalismo incumple hasta sus propias leyes cuando éstas no le convienen.
Es obvio que si los ayuntamientos engrosaran el patrimonio de suelo público y lo destinaran a vivienda social pública se acabaría o cuando menos menguaría la gallina de los huevos de oro para los especuladores. Y también lo es que sus extraordinarios beneficios se basan en la propiedad. La opción de la izquierda por la vivienda de alquiler ha de ser radical; no se trata sólo de «dar primacía» a la vivienda en alquiler, sino de no dedicar ni un solo euro de dinero público a la vivienda en propiedad, y renunciar a la pretendida alternativa de las viviendas de protección oficial que en realidad caen en el mismo círculo vicioso. Hace casi ciento veinte años que Engels escribió que la diferencia entre una política burguesa y una política obrera de vivienda radica en la opción entre alquiler y propiedad, aparte de denunciar, en una serie de brillantes artículos, el efecto de destrucción de la conciencia de clase que la aspiración de los trabajadores a ser propietarios provoca.
En resumidas cuentas, las gigantescas ganancias de los especuladores se basan en sostener un mercado inmobiliario que prive permanentemente del derecho a un alojamiento digno a miles de trabajadores, igual que la imposibilidad de los trabajadores de pagar una vivienda no es fruto de una catástrofe natural sino de un sistema diseñado para enriquecer a unos pocos a costa de la miseria de la mayoría.
Afortunadamente, el movimiento social nacido hace meses por una vivienda digna parece ir comprendiéndolo. Uno esperaría que Izquierda Unida también lo hubiese hecho y hubiera obrado en consecuencia. Pero para ello sería necesario que no hubiese tantos cargos institucionales de IU metidos de hoz y coz en el tinglado de ventas de suelo público, recalificaciones y urbanizaciones de los ayuntamientos (en Camas, Castro Urdiales, municipios del sur de Madrid y otros lugares). No vendría mal tampoco que sus actuales dirigentes fuesen marxistas, por aquello de comprender los intereses de clase en liza. Pero esto, quizá, a estas alturas, ya es pedir demasiado.