De tanta inmersión en el capitalismo hemos perdido la distancia para la crítica. Se nos ha olvidado mirar en el revés de sus prácticas para ver de qué se trata. Ya es síntoma de su dominio el que ni siquiera nos atrevamos a llamarlo por su nombre, como si de un dios celoso se tratara. A lo más, hablamos del mercado, como si éste fuera un ámbito económico impreciso. De ahí la necesidad de vencer las resistencias y llamar a las cosas con el nombre que para ellas inventamos. En el caso que nos ocupa es el de “capitalismo”, que es palabra que nos sirve para designar el sistema económico en el que nos movemos o, más bien, que desde hace tiempo nos mueve. En él, los bienes concurren al mercado como mercancías cuyo valor de cambio queda fijado en el punto en que se cruzan oferta y demanda para establecer el precio, con un elemento añadido de crucial importancia: el dinero mismo deja de ser sólo mero intercambiador, para tener también un precio, llamado interés, el cual, al convertirlo en mercancía especialmente valorada, lo transmuta en capital.

El modo de producción capitalista no funciona para la sola satisfacción de las necesidades humanas, articulando formas de intercambio que faciliten esa tarea, sino que funciona para la acumulación misma de capital. No puede ser de otra manera cuando el dinero es mercancía y la acumulación de capital, criterio con que medir la producción de riqueza. Ocurre, además, que en un régimen fuertemente competitivo, la mayor acumulación de capital, que es el objetivo que marca la lógica del sistema, tiene que ser en el menor tiempo y al menor coste. Los salarios no pueden sino cotizar a la baja y el uso de las fuerzas productivas ha de realizarse al alta. Eso es eficiencia, que es eficacia a tenor de las “leyes del mercado”.

El capitalismo ha logrado que dichas “leyes” acaben regulando, si no explícita, sí implícitamente, los demás ámbitos de la sociedad. Todo valor se traduce a precio. No sólo los productos del trabajo, sino también éste –y con él el trabajador- se somete al precio con que se lo tasa, lo cual no supone que por hacerlo legalmente sea en todo caso una tasación justa. Es la falsa ilusión según las apariencias de un contrato que presupone la simetría de partes desiguales. Lo más grave que esa trampa encierra es que la dinámica mercantilizadora, sin nada que la limite, arrasa con todo hasta no dejar espacio ni para la defensa de ese valor que nunca debiera reducirse a precio: la dignidad de cada individuo. Para evitarlo, qué menos que domesticar ese mercado siempre tendente al “capitalismo salvaje”. Tal ha sido la tarea de un Estado social y democrático de derecho, capaz de frenar algo las pretensiones de un capital cuya lógica conlleva la explotación de los “recursos humanos”.

Sucede, como paradoja de una situación en que el Estado, a pesar de su achicamiento ante la globalización del capitalismo contemporáneo, puede todavía salvar derechos sociales y económicos al lado de los civiles y políticos, que para aumentar los beneficios el acento se desplaza, y más a falta de innovación tecnológica, a esquilmar con mayor intensidad los “recursos naturales”. Eso no lo oculta un capitalismo financiero que, en la escala macro del mercado global, se apoya en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y es descaradamente cínico, pues ni se esmera en dotarse de coberturas ideológicas. En su reverso, tal capitalismo de grandes movimientos bursátiles cobija otro de bajos vuelos en la escala micro de nuestras realidades sociales. A esa escala no conviene un cinismo tan claro, por lo que al tener en el punto de mira la explotación abusiva de recursos naturales se hacen indispensables diferentes coartadas. Algunas se esgrimen en relación con ese recurso que engañosamente se nos presenta como siempre disponible: el suelo. ¿O es que no queda territorio sin colonizar urbanística mente?

Ahí viene a parar una burguesía alicorta que hasta hace poco andaba sacándole jugo a las rentas de la tierra y que hoy, como oligarquía local subalterna, se alía con las grandes constructoras. Para encubrir las pretensiones de negocio redondo, las coartadas que se utilizan apelan a preocupaciones de los mismos que van a entrar en el juego padeciendo la desventaja de cartas tan trucadas. Se reparte juego aduciendo que hay que crear riqueza para todos, generar empleo para quienes más lo necesitan, contribuir a la financiación de ayuntamientos con sobrecargas sociales, apostar por un crecimiento que nos coloque bien ante el futuro, promover el turismo –¡a ser posible “cultural”!- que para nuestro desarrollo necesitamos, construir aparcamientos para hacer habitables nuestras ciudades… Si hace falta se inventa un campo de golf, aunque el agua sea recurso más que escaso. ¿Quién se va a oponer? ¿Qué político no va transigir si “todos ganamos”, como corresponde a un capitalismo que hasta se autodefine como “participativo”, y todo es políticamente correcto, como corresponde a empresas que invocan la responsabilidad social y hasta ecológica?

Pero tanta conjunción de intereses no impide que el suelo se agote al amparo de una nefasta ley “popular” que estableció que todo él era urbanizable mientras no se declarara lo contrario. Las contradicciones saltan por doquier: se edifican miles de viviendas a precios inasequibles para quienes no las tienen, se construyen grandes superficies comerciales contra los criterios del buen sentido, se proponen teleféricos para acabar con el paisaje que se debiera proteger… Y todo a mayor gloria de un capitalismo para colmo poco competitivo que, cabalgando un asilvestrado urbanismo depredador, nos quiere vender la burra de sus desmanes. “Capitalismo del ladrillo” es su nombre, denominación de origen que si no pasa a la historia, como aquella de “capitalismo carbonífero” con la que se conoce el que se desarrolló al calor de la primera revolución industrial, sí denota aquello que puede torcer nuestra historia por impedir el desarrollo sostenible que necesitamos. ¿Se nos pedirá que todos contribuyamos, por mor de la solidaridad, cuando reviente la “burbuja inmobiliaria”? ¿Seguiremos soportando la ley del embudo que suponen los costes públicos para beneficios privados?.
José Antonio Pérez Tapias.
Profesor de la Universidad de Granada.
Diputado socialista.
Coordinador Federal para Andalucía.
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE